marzo 29, 2024
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junio 20, 2020 | 414 vistas

Arturo R. Sepúlveda García

México atraviesa por el mayor número de crisis de su historia moderna; desde los estragos económicos generados por el confinamiento del Covid-19 a los problemas de ingobernabilidad, corrupción, crimen organizado y miseria social. Algunas de estas crisis tienen su origen en el sistema internacional, mientras que otras simplemente se encuentran fuera del actual alcance de capacidad institucional. Por otra parte, algunas otras crisis se han agravado por el diseño programático del Gobierno Federal.

El inapropiado diseño de políticas públicas de desarrollo social de la actual administración Federal ha potenciado algunas de las mayores crisis del país, como lo son el aumento de la pobreza y la destrucción de incentivos para que los padres de familia invirtieran en el futuro de sus hijos. Tan solo en los últimos meses, el número de personas en pobreza en México pasó de 52.4 millones a 61.2 millones, lo que representa un aumento del 5.9% con respecto al 2019, según datos de la CEPAL. En general, la eliminación del programa Prospera (antes Oportunidades) ha dejado desprotegidas a millones de familias mexicanas que se encuentran en condiciones de precariedad y abandono y no existe un programa nacional sustituto que cubra el umbral de viviendas vulnerables y en extrema pobreza que cubría Oportunidades.

El Programa Federal Oportunidades, fue el resultado de un profundo análisis de los modelos y teorías económicas del desarrollo más importantes de nuestra época; las Transferencias de Capital Directas Condicionadas son el método más efectivo para crear bienestar social en comparación a los subsidios gubernamentales en bienes de consumo específicos. El diseño de Oportunidades no solamente buscaba otorgar dinero para que las familias pudieran cubrir sus necesidades básicas, sino que también tenía mecanismos para empoderar a la mujer mediante la entrega del financiamiento principalmente a madres de familia y también contaba con esquemas para incentivar que las madres invirtieran en el capital humano de sus hijos al tener que comprobar que estaban inscritos en la escuela y que estaban asistiendo frecuentemente a clínicas de salud. Esto quiere decir que, por una parte, el programa tenía mecanismos de corto plazo para satisfacer las necesidades básicas de las familias, y por otra tenía una lógica de largo plazo para impulsar el desarrollo de nuevas generaciones más saludables y con una mayor preparación educativa, lo que se traduce en una mayor competitividad de nuestro país y generación

de riqueza. Este programa fue revolucionario y el primero de su tipo en ser diseñado y aplicado por un país en vías de desarrollo. En pocos años, Oportunidades fue replicado por más de una docena de países de América Latina, incluyendo a Brasil y a Chile, y por ciudades como Nueva York durante la administración del alcalde Michael Bloomberg. Según el economista Dani Rodrik, profesor de la cátedra Ford Foundation de Política Económica Internacional de Harvard, Oportunidades “revolucionó la manera en que los diseñadores de políticas públicas piensan acerca de los programas antipobreza en el mundo”.

Otro de los beneficios que tenía Oportunidades era la facilidad con la que se podía evaluar la eficacia del programa para así crear controles. Por el contrario, la actual administración Federal cuenta con pocas herramientas para evaluar la efectividad de sus programas sociales, lo que nos hace preguntarnos ¿los más de $ 206,390 millones de pesos etiquetados en 2020 para Programas Sociales Federales van a contribuir realmente a la disminución de la desnutrición, al empoderamiento de la mujer, a una mejora en la atención médica de los sectores sociales más vulnerables y al desarrollo de capacidades educativas y profesionales de los jóvenes?

La revisión y evaluación de las políticas públicas Federales es urgente. En el 2019, el premio Nobel de Economía fue otorgado a Esther Duflo y Abhijit Banerjee, profesores del MIT, por sus contribuciones al desarrollo de marcos teóricos para la evaluación de políticas públicas de desarrollo social, lo que nos habla de la importancia de este tema no solamente en México, sino en el mundo. Recurrentemente, AMLO desestima cifras oficiales y cancela distintas publicaciones de Encuestas socioeconómicas del INEGI, que son algunas de las herramientas estadísticas más poderosas con las que contamos para poder evaluar la evolución de la pobreza en México. Esto nos deja en una situación de ojos vendados y sin brújula para mejorar las condiciones de bienestar social del país.

*Arturo R. Sepúlveda García es egresado de la carrera de Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey. Cuenta con una especialización en Economía del Desarrollo por el Massachusetts Institute of Technology y una maestría en un programa de calidad CONACYT. He realizado estudios universitarios y de posgrado en el Colegio de México, en la Universidad Santiago de Chile y en la Universidad de Burgos, España. Se ha desempeñado en la docencia universitaria y en distintos puestos directivos de la administración pública.

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