Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
Con 25 votos a favor y diez en contra, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la llamada “Ley Verde” para Tamaulipas, que consiste en la aplicación del cobro de un derecho a las empresas que contaminen el ambiente con gases de efecto invernadero en la producción de energías.
La acción legislativa, que reformó la Ley de Hacienda de Tamaulipas y lleva dedicatoria para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), recibió el respaldo de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del representante de Movimiento Ciudadano (MC).
Los diez diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) votaron en contra.
La reforma busca cerrarle el paso a la generación de energías fósiles para favorecer la producción de energías limpias.
De esa manera, toda empresa que genere mensualmente más de 25 toneladas de dióxido de carbono, deberá pagar 250 pesos por tonelada excedente.
El debate del dictamen, que recayó en la iniciativa promovida por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, se prolongó durante más de una hora y media. Al menos diez diputados desfilaron por la tribuna para fijar su posicionamiento.
Los panistas Edmundo Marón y Arturo Soto Alemán pidieron a sus compañeros de Morena ponerse del lado de los tamaulipecos.
Marón dijo que la CFE y Pemex, junto con sus socios, generan el 80 por ciento de la contaminación con gases efectos invernadero al medio ambiente, y aclaró que el cobro del derecho no encarecerá los recibos de luz.
“No se dejen engañar. Este cobro va dirigido a quienes vienen al estado a contaminar. Quien vote en contra estará apostándole al retroceso y estará traicionando al pueblo de Tamaulipas”, indicó.
Olga Garza Rodríguez, del PRI, y Patricia Pimentel Ramírez, de MC, señalaron que la reforma aprobada permitirá contrarrestar el cambio climático, que tantas repercusiones negativas está teniendo para la entidad.
“No es un impuesto con fines recaudatorios. Es un derecho con propósitos extrafiscales. Estamos comprometidos con el medio ambiente y con el fin de frenar el daño al medio ambiente, porque los efectos de los gases invernadero son catastróficos”, mencionó Pimentel Ramírez.
Yahleel Abdala Carmona, coordinadora de la bancada tricolor, dijo: “Esta reforma no se trata de politiquería ni de partidos. Esto se trata de protección para los ciudadanos, porque es nuestro deber y obligación velar por los tamaulipecos”.
Y añadió: “Lo que hoy se propone es para evitar el suicidio al que nos quiere llevar el Gobierno federal al cerrarle el paso a la generación de energías limpias”.
Recordó que Tamaulipas es el segundo estado productor de energías limpias en el país.
“Ya es hora de poner en primer lugar la economía, el medio ambiente y la salud de cada ciudadano de Tamaulipas. Además, hay que decir la verdad: el costo del kilowatt hora producida con materiales fósiles cuesta al usuario 1.60 centavos, y ese mismo kilowatt en una planta de energía limpia cuesta 30 centavos”, refirió.
Los diputados de Morena, Enda Rivera López, Roque Hernández Cardona, Esther Ancira y Leticia Sánchez Guillermo, argumentaron que la reforma tiene fines recaudatorios y busca desacreditar a la CFE.
Ancira recordó que tanto la CFE como Pemex son las que más aportan a Tamaulipas por Impuesto sobre Nóminas y en inversiones.
“Nos oponemos al contenido del dictamen por su notoria improcedencia y su afán protagónico de sobresalir a nivel nacional como defensores de empresas extranjeras”, señaló Rivera López.
“No vamos a votar a favor de un berrinche y menos cuando su finalidad es política y no ambiental”, dijo a su vez Sánchez Guillermo.
La votación del dictamen se dio en medio de reclamos de la bancada de Morena, porque un diputado del PAN pidió al presidente de la Mesa Directiva, Arturo Soto Alemán, que leyera los nombres de aquellos que votaron a favor y en contra.
A pesar de las protestas de los morenistas, Soto procedió a nombrar a cada diputado y el sentido de su voto. Cada que citaba un nombre se escuchaban aplausos y gritos de “bravo”.
El articulado transitorio aprobado establece que el cobro del derecho comenzará a aplicarse en enero próximo, para efecto de contemplar los ingresos en el presupuesto estatal.
La vacatio legis que se generará entre la aprobación de la reforma y su entrada en vigor, permitirá que todos los sujetos obligados tengan un plazo para reducir sus emisiones.
Otro transitorio impone al Ejecutivo estatal la obligación de establecer las políticas públicas necesarias para adquirir la tecnología para medir los contaminantes que generen las empresas.
Los ingresos que obtenga el Estado serán utilizados para resarcir parte de los daños que sufre el medio ambiente por la emisión de gases a la atmósfera.
En la iniciativa se precisó que la competencia de los estados para legislar en la materia ha sido confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en al menos dos tesis jurisprudenciales.
