Descalificar por ignorancia

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Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cada que un Juez federal o local libera a un delincuente, de esos que son catalogados como “trofeos” de la autoridad, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, reacciona implacable, indignado, denunciando que la resolución de la autoridad se dio porque hubo corrupción.

Así ocurrió recientemente luego de que un Juez liberó a María “N”, mamá de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima, organización criminal dedicada al huachicoleo en Guanajuato.

“Esto (la liberación) tiene que ver con un problema añejo, vinculado con dos elementos: ineficiencias y corrupción”, dijo el Presidente al día siguiente de la libertad de la mujer, en su conferencia de prensa mañanera.

De la misma forma ha reaccionado en una decena de veces. En todos los casos atribuye los hechos a la corrupción de los funcionarios encargados de impartir justicia.

Pero la realidad de las cosas es otra. Lo que sucede es que tenemos como Presidente de la República a un hombre que no tiene el menor conocimiento de Derecho.

Bajo esa ignorancia de lo que es el Estado de Derecho y de cómo funciona el sistema de procuración e impartición de justicia, para López Obrador solo hay dos opciones: si el acusado recibe una sentencia condenatoria, entonces los jueces son honestos, pero si por el contrario conceden la libertad, entonces hubo transa, corrupción.

Pero el asunto no es así. No decimos que no haya jueces, o agentes del Ministerio Público, que no caigan en la tentación de recibir un pago a cambio de favorecer a un acusado, torciendo la ley, pero en la mayor parte de los casos las resoluciones se emiten en razón de lo que se aporta en el proceso.

Si el Presidente se dejara asesorar un poquito por sus colaboradores, entendería que dentro de todo juicio hay una verdad legal y una verdad real. La primera es la que se prueba dentro del proceso y es la que decide la suerte del acusado. La segunda es lo que realmente sucedió en la consumación del hecho delictivo.

Bajo ese entendido, cuando un Juez emite una resolución lo hace basándose en la razón legal, la que consta en los actos procesales. Para decirlo más claro: el Juez podría saber que la persona es culpable, pero si el agente del Ministerio Público no le allegó datos de prueba al respecto, no tendrá forma de condenarlo o retenerlo en prisión.

Por eso, si el Presidente se dejara asesorar un poquito, no estaría arremetiendo a cada rato contra jueces y magistrados, a quienes abiertamente llama corruptos cuando no tiene la mínima forma de probarlo.

Es lamentable que un mandatario tenga esa visión de los impartidores de justicia. Es entendible que el ciudadano común piense que la libertad de un presunto delincuente se dio por corrupción, porque finalmente no está obligado a conocer de Derecho y menos sabe cómo se desarrolla un proceso penal, pero es algo que no se puede tolerar en un gobernante, y menos en un Presidente de la República.

Por lo demás, también es criticable el silencio que ha guardado al respecto el Poder Judicial y concretamente la Suprema Corte de Justicia. Desde hace mucho tiempo, sus titulares debieron salir a defender a sus operadores. Por dignidad deberían hacerlo.

 

EL RESTO

LO APLACAN.- Aunque hay muchos (incluido él mismo) que ven como un ascenso el cambio de Héctor Garza González, de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación a la de la Secretaría de Gobernación, la realidad es otra.

Lo que hicieron con “El Guasón” fue bajarlo de esa nube en la que andaba desde el primer día que se incorporó como funcionario del Gobierno federal. Literalmente le dieron un aplacón.

Le quitaron el pretexto para andar de gira casi permanente por Tamaulipas, en la consolidación de ese proyecto ambicioso de convertirse en el próximo candidato de Morena a la gubernatura. Nunca lo aceptara pero así es.

ASÍ ANDAN LAS COSAS.

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