La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) denunció que el Senado aprobó reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) y al Código Penal Federal para adecuar la legislación mexicana al capítulo de propiedad intelectual del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Esta reforma implicaría que, si alguien decide reparar su celular, consola o computadora, por su cuenta o con alguien más que no sea de la marca del equipo, podría ir a la cárcel.
De acuerdo con la R3D, estas reformas representan una amenaza grave a los derechos humanos, por este motivo se viralizó el hashtag #NiCensuraNiCandados, con el cual se invita a los mexicanos a protestar por esta iniciativa, a fin de evitar que la Cámara de Diputados apruebe los cambios.
El organismo señala que los puntos más preocupantes de esta iniciativa son la censura digital y la reparación o modificación de los dispositivos.
Argumentan que esta reforma pretende establecer un mecanismo privado de censura conocido como notificación y retirada. Esto significa que, si una persona señala que un contenido o publicación viola sus derechos de autor, los proveedores de servicios de internet tendrán la obligación de removerlo. El detalle es que el material deberá bajarse sin necesidad de aportar pruebas ni orden judicial. Por ello, bajo el argumento de propiedad intelectual, personas, empresas u organismos pueden pedir que algo que no les gusta o beneficia, se elimine del internet.
Por el otro lado, se toca el tema de las penas de cárcel por reparar, modificar o alterar dispositivos. Se contemplan 10 años de cárcel por eludir medidas tecnológicas del protección. Según la red, estas medidas, llamadas candados digitales son impuestas por fabricantes de hardware y software para impedir el acceso, copia o modificación de información contenida en un dispositivo o sistema.
Esto impediría que los usuarios pudieran reparar por sus propios medios sus dispositivos, o bien, modificarlos a sus necesidades, o utilizar piezas de marcas diferentes.
La red asegura que incluso limitaría la posibilidad de usar fragmentos de obras extraídas de un soporte adquirido legalmente, como hacer capturas de pantalla o digitalizar un libro o video.
Por ello la red creo el hashtag previamente mencionado y buscan presionar a la cámara de diputados para que se lleve un proceso de parlamento abierto plural y diverso con participación de la sociedad civil.
