El Fin del Estado del Bienestar Mexicano

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Arturo R. Sepúlveda García

El concepto del bienestar se ha convertido en la estrategia discursiva, electoral y de razón de ser del Gobierno Federal. La gran mayoría del quehacer del actual presidente de la República va encaminado a promover su idea de “bienestar” social, por lo que vale la pena preguntarnos, ¿qué es realmente el bienestar?, ¿qué tipo de modelo de “bienestar” sigue el Gobierno Federal?, y, por último, ¿realmente se está creando un auténtico bienestar para los mexicanos? A continuación, explicaré la historia y generalidades teóricas mínimas del bienestar.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, surgió la idea moderna del “estado del bienestar” en Europa, específicamente en Alemania, y años más tarde se afianzó de manera definitiva en gran parte del mundo como consecuencia de la Gran Depresión de 1929: los gobiernos de distintas naciones diseñaron políticas públicas de bienestar, como lo son el seguro social y médico, el crédito a la vivienda, el seguro de desempleo, la educación universal y gratuita, y tasas de impuestos progresivos, como medidas para aminorar las crecientes revueltas sociales y huelgas obreras y campesinas que exigían mejores condiciones de vida y que suponían una amenaza para el establecimiento político de la época.

A lo largo de casi un siglo, el “estado del bienestar” ha ayudado a crear un periodo de progreso social sin precedentes en la historia de la humanidad. Los más claros ejemplos de éxito son los países nórdicos (Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia), Alemania, Holanda, Francia, Canadá, Australia y Uruguay, en donde existen los niveles más altos de ingreso per cápita del mundo, los mejores niveles de igualdad social y los índices más elevados de desarrollo humano y felicidad del mundo; Suecia cuenta con un ingreso per cápita de $ 55,989 dólares; Islandia es el país con mayor igualdad de ingresos; Noruega y Finlandia tienen respectivamente los mayores índices de desarrollo humano y de felicidad y educación en el mundo.

Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señala que existe una fuerte correlación entre la proporción del Producto Interno Bruto (PIB) de un país

destinado al bienestar y la reducción de la pobreza. Por ejemplo, Estados Unidos ha destinado en promedio un 2.3% de su PIB a políticas de bienestar con un resultado de reducción de pobreza del 26.4%, mientras que países como Suecia, han destinado un 11.6% de su PIB a este mismo tipo de políticas con resultados de una disminución del 77.4% de pobreza.

Ahora bien, existe un gran cuerpo teórico sobre qué es el estado del bienestar y cuáles son sus características. De manera general, se entiende que es un tipo de gobierno que apoya y protege a sus ciudadanos y que asume distintas responsabilidades sociales en temas como la salud, educación y desarrollo económico. En la teoría propuesta por Gosta Esping-Andersen, que es el académico más importante y respetado del tema, se señala que existen tres tipos de estados del bienestar; los de régimen liberal, en donde los esfuerzos se enfocan en aminorar la pobreza mediante el impulso de mercados económicos; los de régimen conservador que se enfocan en asistencias sociales que toman como centro a la unidad familiar; y las de régimen social democrático, que crean sistemas universales que promueven equidad social en altos estándares de vida.

En el caso del Gobierno Federal, no queda claro qué modelo de bienestar sigue. Por una parte, no podría entrar de lleno en la categoría de régimen liberal, ya que, para impulsar al bienestar no se apoya en hacer más eficientes y competitivos a los mercados económicos mexicanos. Por otra parte, tampoco sigue un modelo de régimen conservador, ya que sus políticas públicas no siguen un diseño, ni están encaminados, a proteger el bienestar de las unidades familiares. Tampoco sigue un modelo de social democracia, ya que no existe una visión universalista de desarrollar a toda la población, sino solamente a los que consideran pobres. Cabe destacar que, dentro de la visión de Andrés Manuel López Obrador de “poner primero a los pobres” existe una fuerte división sobre a qué pobres ayudar, ya que, sus programas solamente apoyan específicamente a ciertas personas en condiciones de pobreza, como lo son madres o padres solteros, o jóvenes desempleados. Una pregunta importante es cuestionar qué políticas sociales están recibiendo, por ejemplo, familias biparentales (con madre y padre) que se encuentran en condiciones de extrema pobreza y que no cumplen con las condicionantes de los programas Federales.

En términos económicos, el “teorema fundamental de la economía del bienestar” argumenta que solamente se puede llegar al bienestar mediante un equilibrio competitivo del mercado. Esto quiere decir que se deben de ampliar los excedentes de utilidad de los ciudadanos y de ganancia de los productores. En México, las decisiones del presidente, en muchos casos arbitrarias, han disminuido el excedente de utilidad de los ciudadanos, al aumentar los costos de los recibos eléctricos, al crear desempleo a causa de la falta de estímulos a los mercados, al crear nuevos impuestos, como el digital, que en términos reales son absorbidos por los consumidores debido al concepto de incidencia económica, pese a que tienen incidencia fiscal en el productor. Por otra parte, es alarmante la manera en que se ha desalentado a los inversionistas nacionales y extranjeros en apostar por México; se ha hecho más fuerte la percepción de que el país no tiene un verdadero estado de derecho ni decisiones públicas estratégicas y de fondo.

El modelo de bienestar de la actual administración Federal tiene fuertes limitaciones y problemáticas de cobertura social, de expansión económica y de validez teórico-metodológica. Esto se hizo más visible el pasado martes gracias al valiente informe sobre el funcionamiento de 17 programas sociales prioritarios federales emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Algunas de las observaciones más preocupantes es que programas como “Jóvenes Construyendo el Futuro” no cuenta con nadie para verificar que los becarios salgan capacitados y que un gran número de jóvenes de comunidades rurales no se han podido inscribir debido a la falta de acceso a computadoras. Las Universidades del Bienestar no cuentan aun con planteles ni claridad de gastos. El programa de Fertilizantes de la Secretaría de Agricultura carece de un padrón. El programa de Reconstrucción por terremotos solamente ha avanzado un 20%. Y el programa de Apoyo para el bienestar de niños, hijos de madres trabajadoras, no tiene ningún plan para supervisar el cuidado infantil.

Esperemos que los directivos del CONEVAL no corran con la misma trágica suerte que han tenido los del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), los de la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV), y los de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

El debate está abierto.

*Arturo R. Sepúlveda García es egresado de la carrera de Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey. Cuenta con una especialización en Economía del Desarrollo por el Massachusetts Institute of Technology y una maestría en un programa de calidad CONACYT. Ha realizado estudios universitarios y de posgrado en el Colegio de México, en la Universidad Santiago de Chile y en la Universidad de Burgos, España. Se ha desempeñado en la docencia universitaria y en distintos puestos directivos de la administración pública.

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