El pasado martes, Bianca Digennaro denunció, que en medio de un “colapso mental” su hijo, de entonces ocho años de edad, fue arrestado al interior de su escuela, ubicada en los Cayos de Florida, y sometido como un criminal a la cárcel, con esposas, foto para el prontuario y muestras de ADN de su boca, y anunció la presentación de una demanda federal contra las autoridades de Cayo Hueso.
A través de una videoconferencia de prensa, Digennaro acudió hoy, junto con un grupo de abogados, liderados por Ben Crump, para anunciar una demanda de derechos civiles por la “severa lesión psicológica” ocasionada al niño por las autoridades escolares, policiales y judiciales de Cayo Hueso.
Indicó que la “traumática” experiencia del arresto, encarcelamiento y presentación de un cargo criminal contra el estudiante ocurrió en diciembre de 2018.
Señaló que “nunca es fácil” ver el video que salió a la luz pública esta semana, donde el menor está sentado, muy calmado, y llega la Policía a arrestarlo, con la dificultad de ponerle las esposas porque son demasiado grandes.
La mujer, conmocionada, señaló que está triste porque no estuvo ahí para proteger a su hijo, que ese día no pudo acudir porque estaba siendo sometida a una operación para extraerle un tumor.
Contó que desde entonces libró una batalla de nueve meses para que le retiraran a su hijo los cargos de agresión, para lo cual tuvo que contratar un abogado penal y pagar por costosos exámenes médicos.
Digennaro, de origen italiano y alemán, señaló que su hijo tiene una discapacidad y las autoridades intentaron convertirlo en un delincuente a los 8 años.
Según ella su hijo, ahora de 10 años, padece de Desorden de Déficit de Atención/Hiperactividad (ADHD), con episodios de “depresión y ansiedad”, de los cuales los abogados dijeron que estaban bien enteradas las autoridades escolares, agregando que su hijo tiene “berrinches” y rechaza ser tocado, incluso por ella misma.
El niño, del que no se ha dado el nombre, fue arrestado después de que una maestra llamara a la Policía porque supuestamente la agredió cuando intentó moverlo a donde ella quería porque no obedecía sus órdenes.
La demanda, señaló Digennaro, es para evitar que otros padres con hijos con discapacidades enfrenten un problema similar.
Indicó que su hijo, para entonces de 1.07 metros de altura y 29 kilogramos de peso, estuvo minutos en la cárcel, pero para él fueron como horas.
Mencionó que este hecho “indignante, impactante e inconstitucional” sucedió durante una “crisis mental” del menor, que estaba medicado, y la demanda se va a centrar en la “violación” a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
Crump señaló que después vino lo “peor” con la presentación de cargos criminales.
El abogado señaló que el padre del menor, quien es de raza negra, es conocido por representar varios casos de afroamericanos sometidos a discriminación u abuso policial, como el de George Floyd, quien murió en mayo pasado a manos de un policía blanco en Minnesota y que provocó una ola de protestas nacionales.
El caso de este niño evidencia la falta de “humanidad, decencia y compasión” de las autoridades y muestra los fallos de un “sistema completo” que trata de validar esos comportamientos, señaló Crump y que hay que cambiar la cultura de la policía y los fiscales.
El abogado Devon M. Jacob de Jacob Litigation, criticó lo “ridículo” de una Fiscalía de Distrito que presenta cargos contra un menor de 8 años enfermo y señaló que como policía que fue antes de ser abogado, lamenta que el jefe policial de Cayo Hueso haya dicho que “no hicieron nada erróneo”.
Lamentó que durante el arresto en la escuela había personal escolar, supervisores y policías y que ninguno de estos adultos hizo algo para proteger a un menor con discapacidad.
En la demanda expondrá el “daño psicológico” que ha sufrido este menor enfermo que preguntaba por su padre, pues sabía que su madre estaba hospitalizada.
El niño era “cero amenaza” para todos los adultos que lo rodeaban, enfatizó.
Con información de: lopezdoriga.com
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