Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.-
El Gobierno del Estado tendrá que irse deshaciendo de contratos de arrendamientos para mantener una flotilla de vehículos oficiales, dependiendo de sus niveles presupuestales, confirmó Jesús Alberto Salazar.
El Secretario de Administración estableció que si bien en un principio por lo menos mil 300 unidades se habían adquirido bajo esa figura, para no desembolsar una fuerte cantidad de dinero, hay la intención de regresar como mínimo unas 900 a la empresa arrendadora.
Los vehículos se encuentran asignados en cada una de las diferentes dependencias de la administración estatal, incluso en organismos públicos descentralizados del Estado, algunos de ellos ya sin uso y en espera de que la empresa arrendadora los recoja.
Son unidades tipo sedán, camionetas pickup, unidades cerradas con capacidad de traslado de grupos de personas e incluso, autobuses que estaban asignados al Instituto de Capacitación para el Empleo (Itace) que también serán regresadas.
“En este caso de las unidades del Itace en un principio eran ocho, se van a regresar por lo pronto cuatro y el resto tendrá que evaluarse” explicó Alberto Salazar.
De lo que se trata es de ahorrar todo el dinero que sea posible, para destinarlo a las acciones de atención a pacientes de covid-19 y dependiendo de los niveles presupuestarios del Gobierno del Estado se determinará seguir o no con los contratos de arrendamiento.
La concentración de este tipo de vehículos que en su momento fueron oficiales está en el recinto ferial, ubicado en el parque bicentenario, donde en algunos casos, tienen meses de estar a la espera de que la empresa arrendadora se los lleve.
A través de “madrinas”, se extrajeron algunos de estos vehículos para ser trasladados hacia donde se encuentra la empresa arrendadora, con la que el Gobierno del Estado había convenido la renta de varios cientos de unidades.
La idea del Gobierno era rentar para no hacer compras definitivas que representara un desembolso, donde la empresa daba mantenimiento a los vehículos sin costo para el Estado.
