‘Esconden’ estados datos delincuenciales

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Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-
Muchas de las Fiscalías Generales de Justicia del país están incurriendo en un sub-registro de delitos, manipulando cifras de incidencia delictiva, para dar una falsa idea de que esas entidades atienden eficazmente la violencia, cuando en realidad no la reportan.

Así lo denunció la organización no gubernamental Causa en Común, a través de una reciente investigación denominada: “Sub-registro: crisis de denuncia y manipulación/ocultamiento de información”, que analizó los reportes oficiales estadísticos del 2018 a agosto del 2020.

“Además de la grave situación de inseguridad en el país, hay un serio problema de sub-registro de delitos. El sub-registro es particularmente grave en los delitos de feminicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia. Algunas entidades no registran estos delitos, y las autoridades federales, responsables de las cifras, no hacen aclaración alguna al respecto, abriendo el espacio a la idea de que estas entidades atienden eficazmente la violencia cuando, en realidad, no la reportan”, detalló.

El “sub-registro” indica que la ciudadanía no denuncia los delitos, y que los responsables de las instituciones no promueven la denuncia, no generan confianza entre la ciudadanía y/o, probablemente, manipulan y ocultan sus cifras de incidencia delictiva.

Causa en Común refirió que las reducciones o los números reducidos de registros de algunos índices delictivos, contrastan con diversos indicadores que muestran un alto nivel de criminalidad en el país, como el extremadamente alto índice de homicidios dolosos o la alta incidencia de delitos de alto impacto.

Reiteró que “el sub-registro de delitos se debe, no sólo a que la ciudadanía no denuncia o a que las instituciones no promueven la denuncia, sino también a que, probablemente, autoridades estatales y federales manipulan y ocultan las cifras de incidencia delictiva”.

Ante esa situación, la ONG concluyó con varias propuestas: Debe detenerse y revertirse la actual tendencia hacia una mayor militarización de la seguridad pública, e implementarse un plan de desarrollo a largo plazo para las policías y fiscalías, con procesos transparentes y verificables, y deben brindarse cursos de capacitación a los servidores públicos encargados de recolectar la estadística de incidencia delictiva.

Además, es urgente establecer mecanismos institucionales de supervisión, detección y sanción para aquellas autoridades que proporcionen información incompleta, manipulada o falsa, y se requiere promover la denuncia ciudadana.

Algunas entidades que fueron evidenciadas son: Baja California Sur, Tlaxcala, Michoacán, Yucatán y Colima, que manipularon cifras de feminicidio, extorsión, robo de vehículo con violencia y violencia familiar.

Otros estados, como Coahuila, Baja California Sur y Michoacán, duplicaron cifras de delitos.

“Morelos reportó diez secuestros cada mes durante tres meses consecutivos, y Michoacán reportó mil 780 vehículos robados con violencia en los primeros ocho meses del 2019 y en el mismo periodo del 2020”, detalló.