La corrupción no respeta investiduras

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Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Bajo el argumento del combate a la corrupción y a toda una gama de delitos vinculados a la delincuencia organizada, en particular al narcotráfico, el Gobierno federal inició la militarización de las adunas y puertos del país.

Soldados y Marinos desplazarán a los civiles en la operatividad de los puntos de acceso al territorio mexicano.

“Vamos a actuar limpiando, renovando, todo el sistema aduanero del país”, dijo recientemente en una entrevista, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante esa decisión gubernamental, uno se pregunta: ¿en serio, hay quien crea que con la militarización se resuelve la corrupción?

La verdad, tengo muchas dudas al respecto. No es la primera ocasión en que el Gobierno recurre a las fuerzas federales para intentar frenar problemas relacionados con la delincuencia y corrupción, y el resultado ha sido de fracaso total.

Hace aproximadamente 25 años, a la Federación se le ocurrió militarizar los principales cargos de mando en la entonces Procuraduría General de la República. Eran años en que el maridaje entre narcos y policías estaban en su máximo nivel, y el experimento con las fuerzas castrenses buscaba poner orden.

Nada sucedió. La PGR siguió igual de contaminada y, por el contrario, el narco se fortaleció.

Más acá, por instrucciones del Gobierno federal, algunos Estados, entre ellos Tamaulipas, militarizaron sus instancias de seguridad pública.

Sin embargo, los resultados no han sido tan extraordinarios como para aplaudir y festejar. Hay entidades como Guanajuato, Veracruz, Michoacán, y al menos otra media docena, que siguen sumidas en un baño de sangre desatado por el crimen organizado.

En todo ello hay una explicación: la corrupción no sabe de investiduras y la de los militares y marinos no son inmunes a ese cáncer social.

Los miembros de las fuerzas armadas son seres humanos que, como todos, tienen debilidades, por lo que pensar o suponer que colocándolos al frente de las aduanas van a ser garantía para atajar la corrupción, es una idea fantasiosa.

Si, militares y marinos tienen una formación basada en disciplina y valores de lealtad y honestidad muy arraigados, pero eso de ninguna manera los pone a salvo de las tentaciones que genera la delincuencia cuando quiere doblar conciencias.

El propósito gubernamental es sano. Es urgente implementar medidas que pongan fin a las complicidades entre servidores públicos y delincuentes en las aduanas y puertos, pero para ello se necesita mucho más que militarizar los mandos.

Si no se genera una estrategia más de fondo, la situación en los puntos de ingreso al país seguirán igual o peor que ahora.

 

EL RESTO

“NI PERDÓN NI OLVIDO”.- El PRI exigió ayer abrir una investigación a fondo en contra del exalcalde, Xicoténcatl González Uresti, y todos aquellos que fueron sus cómplices en el desastre en que convirtieron al municipio de Victoria.

En conferencia de prensa, acompañado de todo el Comité Directivo Estatal, el dirigente del PRI, Edgar Melhem, dijo que esta misma semana los regidores priistas exigirán por escrito un informe detallado de la situación financiera y de bienes del Ayuntamiento.

“Lo queremos por escrito, no platicado. En el PRI exigimos una investigación seria porque en el Ayuntamiento no habrá perdón ni olvido”, señaló.

Melhem tiene razón: debe haber una investigación a fondo del manejo financiero que hizo González Uresti y sus colaboradores, durante los dos años que gobernaron a Victoria. Esperemos que así sea.

LIMPIA OBLIGADA.- La alcaldesa, María del Pilar Gómez Leal, deberá darse prisa en “limpiar” la estructura de la administración pública municipal.

Sería absurdo que vayan a querer impulsar un cambio, y recobrar la confianza de los victorenses, con los mismos funcionarios que tenía González Uresti.

Debe ser prioritario acabar con la red de nepotismo que se tejió en los dos últimos años.

ASI ANDAN LAS COSAS.

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