Rogelio Rodríguez Mendoza
La organización no gubernamental Causa en Común creó el Decálogo por la Seguridad y la Justicia, que consiste en diez recomendaciones a las instancias de Gobierno federal y estatal, para eficientar el combate a la delincuencia y el sistema de procuración y administración de justicia.
Entre los aspectos más relevantes, destaca el llamado a fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de que se promueva eficazmente los desarrollos policial, ministerial y penitenciario con una perspectiva de Estado.
El decálogo también plantea la urgencia de prevenir las violencias y la delincuencia.
“Es indispensable que todos los esfuerzos para establecer la seguridad y la justicia estén acompañados por una política nacional de prevención integral de las violencias y la delincuencia, que atienda las causas, sea focalizada y adaptada a las circunstancias de cada comunidad y región del país” menciona la ONG.
En tercer lugar, llamó a consolidar la vía civil hacia la seguridad, a través de rescatar y luego fortalecer a las policías.
“Debe rescatarse a las policías locales” señaló, al detallar que una agenda mínima debe incluir mejores salarios, cumplimiento de derechos laborales, capacitación permanente y de calidad, y mayor inversión en equipamiento e infraestructura. La Guardia Nacional (GN) debe construirse y consolidarse como un cuerpo civil nacional y no como una extensión de las Fuerzas Armadas” indicó.
Es importante mejorar las capacidades de investigación de las Procuradurías y las Fiscalías de los Estados y la federación, para consolidar la autonomía técnica y sobe todo presupuestal de las instituciones encargadas de procurar justicia, “con especial atención en una auténtica carrera ministerial, así como fortalecer las labores de inteligencia y servicios periciales con solidez científica. Todo esto basado en la evidencia sólida que ya se tiene”.
“Causa en Común” demandó además mejorar las capacidades de investigación de las Procuradurías y las Fiscalías de los Estados y la Federación.
“Se debe consolidar la autonomía técnica y sobre todo presupuestal de las instituciones encargadas de procurar justicia, con especial atención en una auténtica carrera ministerial, así como fortalecer las labores de inteligencia y servicios periciales con solidez científica. Todo esto basado en la evidencia sólida que ya se tiene” refirió.
El punto seis del decálogo llama a crear políticas integrales para reducir la corrupción en Ministerios Públicos y Policías; el siete destaca la necesidad de mejorar cada eslabón que integra el sistema de justicia, mientras que el ocho habla de aumentar y consolidar la coordinación policía-perito- Ministerio Público.
El noveno contenido del documento hace referencia a la urgencia de rescatar y fortalecer el sistema penitenciario, y el décimo refiere que los Gobiernos deben fijar como prioridad sancionar los delitos de corrupción y recuperar recursos obtenidos ilegalmente.
