Penalizarán con $434 mil condicionar la educación

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Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-
El Gobierno de Tamaulipas castigará con multas de hasta 434 mil 400 pesos a quienes condicionen la entrega de documentos personales o académicos a los alumnos de las escuelas públicas y privadas, a cambio de algún pago o contraprestación.

Así lo establece una reforma a la Ley de Educación de Tamaulipas aprobada por el Congreso del Estado.

La acción legislativa, impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN), consistió en la adición de la fracción XVII al artículo 103 de la citada ley, para establecer como infracción el condicionamiento de la entrega de documentos personales o académicos de las o los alumnos.

La infracción a esta disposición y a cualquier otra de las contenidas en el numeral citado serán castigadas con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente es de 86.88 pesos.

Al dictaminar la iniciativa, la Comisión de Educación precisó que la prohibición de negar la entrega de documentos académicos o personales a los alumnos ya estaba plasmada en la Ley de Educación, pero no constituía una infracción y tampoco recibía una sanción, como ocurrirá en adelante.

“Resulta injusto encontrarse con situaciones en el entorno escolar en las que quienes prestan servicios educativos se niegan a entregar documentos a las y los estudiantes por razones de adeudos o contraprestaciones pendientes con el centro educativo.

“Sin temor a equivocarnos, estos actos atentan contra los derechos educativos consagrados en la Constitución Política General, ya que en ocasiones el alumno o la alumna se ve en la necesidad de cambiar de institución educativa, y retenerle su documentación imposibilita que puedan seguir estudiando, o bien, al concluir una etapa educativa y pasar a otra requiere de distintos documentos”, mencionaron.

Detallaron que estas acciones son contrarias a los valores que deben imperar en la educación tamaulipeca, ya que nunca debe ponerse por encima los intereses monetarios de un centro educacional sobre los derechos humanos de las personas, como es el caso de garantizar el acceso a la educación.

La disposición aprobada entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.