Manipuladores del delito

0
63
Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

MALA CONSEJERA.- El refranero popular dice, con mucho acierto, que “la prisa es mala consejera”.

Con ello se quiere advertir que si haces las cosas con apuro siempre te saldrán mal.

El adagio se aplica como anillo al dedo a quienes construyeron la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), que tutela el michoacano Irving Barrios Mojica.

Y es que todavía no cumple un año de su entrada en vigor y el ordenamiento normativo ya ha sido objeto de infinidad de “parches”. Los últimos dos fueron aprobados por el Pleno del Congreso del Estado, en su sesión ordinaria de este miércoles.

Desde luego que el tema es preocupante, porque el marco jurídico es el cimiento principal de toda instancia pública, lo cual cobra trascendencia mayor cuando se trata de la que procura justicia.

No puede la FGJE andar haciendo valer la ley con una ley llena de “lagunas” jurídicas, que bien utilizadas por buenos litigantes podrían representar la llave para abrirle la puerta a algunos delincuentes.

Esperemos que no se tarden mucho en “tapar” todos esos hoyos legales.

MANIPULADORES.- No es nada nuevo, pero no por eso deja de ser llamativa la denuncia que hace la ONG “Causa en Común”, cuando acusa a las instancias de procuración de justicia en los estados de manipular el registro de incidencia delictiva.

“El sub-registro es particularmente grave en los delitos de feminicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia. Algunas entidades no registran estos delitos, y las autoridades federales responsables de las cifras no hacen aclaración alguna al respecto, abriendo el espacio a la idea de que estas entidades atienden eficazmente la violencia, cuando en realidad no la reportan”, detalló.

Le decía que el tema no es nuevo, porque siempre ha sido un secreto a voces que, en un afán por no verse ineptos, muchos gobiernos optan por reportar menos delitos de los que realmente ocurren.

Ojala que la denuncia de “Causa en Común” sirva para que las fiscalías estatales dejen de lado esa práctica de esconder la realidad delictiva, y en vez de ello se esfuercen en hacer un mejor trabajo.

A la vez, esperemos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública haga la parte que le corresponde, sobre todo en cuanto a ponerle “lupa” a la información que les hacen llegar los estados.

Aquí en Tamaulipas, por ejemplo, provoca suspicacias el registro mensual de homicidios dolosos de municipios como Victoria. Hay meses que se reportan apenas seis asesinatos, cuando las redes sociales dan cuenta de muchos más.

NUEVA NORMALIDAD.- A propósito de justicia, en la judicatura local el foro litigante comienza a adaptarse a la nueva normalidad.

Cada vez son más los usuarios del llamado Tribunal Electrónico, el modelo que permite a los abogados hacer su tarea a través de Internet. Por esa vía hacen toda clase de promociones y se notifican de las resoluciones de los jueces.

Sin embargo, hay un “pero”: los profesionales del Derecho se quejan de la lentitud con que las resoluciones de los jueces son subidas a la red, lo cual termina impactando en los justiciables.

El asunto debería estar llamando la atención del Consejo de la Judicatura, la instancia competente para atender y resolver este tipo de situaciones.

Los quejosos consideran que, resolver el problema solo requiere voluntad y un poco de presupuesto, para aumentar el número de operadores de la red del Poder Judicial del Estado. Esperemos les hagan caso.

MISIÓN IMPOSIBLE.- En otros tiempos habría esperanza de que prosperara una controversia constitucional como la que anunció el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, para buscar revertir la desaparición de 109 fideicomisos.

Desafortunadamente, hay evidencias contundentes del sometimiento, forzoso o voluntario, en que ha caído la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frente al Poder Ejecutivo federal, o para decirlo más claro, frente al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En esa situación, pretender que el máximo tribunal constitucional anule la resolución del Congreso de la Unión es literalmente una misión imposible. Es una realidad lamentable.

ASÍ ANDAN LAS COSAS.

[email protected]