mayo 8, 2024
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noviembre 11, 2020 | 140 vistas

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado urgente a los gobiernos estatales, incluido el de Tamaulipas, para que refuerce las medidas sanitarias para frenar los contagios de covid-19 en las prisiones y ofrecer videoconsultas psicológicas a los reos.

El organismo nacional advirtió que los gobiernos no pueden pretextar falta de presupuesto para proteger a los internos y a todo el personal que labora en los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes).

“No se podría alegar falta de recursos económicos o análogos como justificación para no atender la solicitud realizada, pues ello derivaría en la violación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en su calidad de garantes”, indicó.

Reforzar las medidas de prevención y protección contra el coronavirus debe ser una prioridad para las autoridades penitenciarias, ante el peligro de que surja un rebrote de la enfermedad.

Por ejemplo, planteó la necesidad de asignar de forma permanente, ambulancias debidamente equipadas, y que se dote a los penales de manera ininterrumpida de todos los productos de higiene, protección y sanitización permitidos.

Además, pidió a los gobiernos ofrecer videoconsultas psicológicas para los internos.

“Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos daremos puntual seguimiento a todas las acciones que se realicen para proteger y garantizar el derecho a la salud, a la integridad y a la vida de las personas privadas de la libertad ante la difícil situación que persiste en nuestro país a causa del virus SARS-COV2 (Covid-19)”, mencionó.

La CNDH consideró que las autoridades penitenciarias deben privilegiar la salud física y mental , el derecho al acceso de vacunas, medicamentos y atención especializada  en los Centros Penitenciarios.

Dentro del mismo contexto, demandó que se garantice el abasto y suministro de vacunas contra la influenza para todas las personas que permanecen al interior de centros penitenciarios, incluidas hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad que viven con ellas y todo el personal que labora al interior de estos centros en el país.

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