Don José Diego Suárez Padilla dejó la albañilería para volverse casi un experto en justicia, para poder él mismo llevar a la cárcel no solo al feminicida de su hija, Rosa Diana Suárez Torres, asesinada a puñaladas por Gilberto Campos García el 31 de diciembre de 2010, sino también a quienes consideró fueron sus cómplices: dos servidores públicos, quienes dos meses antes del crimen, le negaron protección a su hija.
Señaló que le tenían que haber puesto un médico legista y no se lo pusieron; también les dijo que la había amenazado de muerte y tampoco consideraron que eso fuera delito…
“Cuando yo volví a todos esos juzgados, fue porque mi hija estaba muerta y ya no se podía hacer más que luchar por la injusticia…”, señala Suárez Padilla.
Sin dinero para un abogado, don José se volvió su propio defensor.
Estudió el Código Penal, el Civil, la Ley de Amparos y decenas de libros de derechos humanos.
Presentó más de 350 escritos y combatió en tribunales seis apelaciones.
Suárez Padilla señaló que juró que lucharía por ella hasta donde fuera para que se le hiciera justicia.
A finales de 2009 logró una sentencia de 67 años de prisión para el asesino de su hija y dos por abuso de autoridad para los funcionarios que le negaron protección.
“Los obligué, ya no se salieron con la suya esos servidores públicos”, señaló.
La muerte de Diana fue un crimen anunciado, como muchos otros feminicidios.
Y como en la mayoría de los asesinatos, las autoridades mexiquenses ignoraron las advertencias e incluso se negaron a proteger a Diana cuando ella lo solicitó, dos meses antes de su muerte.
Fue el 4 de octubre de 2010, Gilberto llegó a casa de Diana para golpearla. Al llegar don José llegó a la casa, los tres fueron a presentar la denuncia.
Diana relató ante el Ministerio Público la agresión, pidiendo que se le pusiera una orden de restricción a Gilberto, ya que tenía miedo de que la matara cuando se enojara.
Sin embargo, se le dijo que eso no existía en México, ya que las órdenes de protección solo se dan en Estados Unidos.
Señalaron que las peleas de novios, no eran un delito.
El secretario del MP de Atizapán, Juan Ignacio Robles Márquez, y la Ministerio Público, Mónica Hernández Ruiz, no determinaron algún delito que ameritara una orden de protección, y sólo acusaron a Gilberto de allanamiento de morada; nunca lo citaron a declarar, mucho menos lo detuvieron.
Pero la tarde del 31 de diciembre de 2010, a pocos meses de cumplir 22 años y a la mitad de sus estudios en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma del Estado de México, Diana fue asesinada por Gilberto de 16 puñaladas.
Su padre, señaló que ellos son cómplices de todas esas tragedias, por eso están muriendo tantas mujeres, porque los asesinos saben que las autoridades no hacen nada.
Don José señaló que ya no tiene a su hija, pero si ella dio su vida, que esa vida valga la pena, además de aconsejar a las familias a que no se rindan, que no se venzan, que luchen hasta lo máximo.
Con información de: milenio.com
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