Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.-
La denuncia de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca presenta una serie de violaciones al procedimiento, estimó Abelardo Perales Meléndez.
El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado citó, entre otras, el hecho de que primero se haya filtrado a todo mundo esa denuncia, sin siquiera estar ratificada por la Fiscalía, representando de entrada una violación al procedimiento.
Paralelo a ello, expuso que al gobernador García Cabeza de Vaca no se le permitió que fuera notificado, porque no había sido ratificada la denuncia, además de que no estaban los anexos, es decir, las carpetas de investigación que en este caso debió mandar a la Cámara de Diputados la Fiscalía.
“Al no haber anexos ni estar ratificada la denuncia se comete una violación al procedimiento, porque el Gobernador no se puede notificar, eso es grave, porque puede provocar una situación fuera de derecho, del debido proceso”, sostuvo.
Y es que el Fiscal debió primero adjuntar todas las pruebas en que basa su acusación, para que la sección instructora de la Cámara de Diputados diga lo que en derecho corresponda, “pero no puede actuar, porque no tiene las pruebas que debió enviar la Fiscalía”, insistió.
Perales Meléndez confirmó que de acuerdo a la Constitución, en su artículo 111, resolviendo la Cámara de Diputados, se tendrá que turnar, al Congreso de Tamaulipas, donde va a resolver sobre el fuero que tiene el gobernador García Cabeza de Vaca.
Asimismo, reconoció que lo anterior puede provocar algo que no se ha visto en la historia constitucional de México, en la que un Congreso local, al no existir los delitos que le imputan al Gobernador, diga que no procede el desafuero, situación que debería de darse por parte de la mayoría de legisladores, que en este caso son del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas.
“Con ello, no habría forma de seguir avanzando”, citó.
No obstante, consideró importante seguir estudiando más a fondo este asunto, porque se trata de una situación de tipo constitucional, al no ser un tema de juicio político, sino de una declaración de procedencia, en la que la Constitución federal es clara y esos serían los pasos a seguir.
