Plantea el Sipinna actualizar legislación en pro de migrantes

0
28
Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Chantal Martínez Díaz.-

Cd. Victoria, Tam.-
Tamaulipas, como entidad de paso y población en tránsito, al igual que el resto del país, tiene la obligación de garantizar todos los derechos de niños y adolescentes, así como de personas adultas que, por distintas razones, como violencia, inseguridad y pobreza han migrado.

Lo anterior lo estableció Patricia Colchero Aragonés, coordinadora de Información y Estudios del Sipinna, subrayó que tienen la obligación de garantizar todos los derechos de estos sectores de la población, al tener siempre presente el Interés Superior de la Niñez, así como escuchar su opinión.

De tal forma, instó a contar con una legislación actualizada acorde con estándares internacionales, además de instituciones gubernamentales y políticas públicas especializadas.

El organismo perteneciente a la Secretaría de Gobernación, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), intervino en el diálogo virtual internacional “Avances y desafíos para la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de migración en el contexto de la pandemia covid-19”, impulsado y transmitido por la organización Save the Children México, en el contexto de la campaña multinacional “Mi Tierra es Tu Tierra”.

En México, destacaron, se ha dado una reforma relevante a la Ley de Migración porque incorpora principios rectores como el de prioridad, no discriminación, autonomía progresiva y, en especial, el de no detención, unidad familiar, no retorno al país de origen sin valorar antes la situación de cada niña o niño migrante.

Para ello cuenta con el Sipinna a nivel federal, 32 sistemas homólogos estatales y mil 850 municipales; también procuradurías de protección que intervienen en el momento en que un derecho ha sido vulnerado como autoridades encargadas de restituirlo.

En la práctica, por la pandemia por SARS-CoV-2, se han ajustado protocolos y procedimientos como los de salud, con una ruta de protección de derechos, para que cada autoridad de gobierno sepa con exactitud qué debe hacer cuando detecte a una niña, niño o adolescente en situación de migración.