Enfoques justicieros

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Melitón Guevara Castillo

Los mexicanos, y en especial los tamaulipecos, estamos viviendo un debate. El de la justicia, de su aplicación, así como sobre el combate a la corrupción, en un contexto donde lo más próximo es un proceso de elección. Por eso, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al conocer de la petición de desafuero de la UIF a la Cámara de Diputados, puntualiza: por qué ahora (a un par de meses de la elección) y no el año pasado.

Debate sobre la politización de la justicia, es de siempre; pero, en este caso, el debate gira en torno a los distintos enfoques, o interpretaciones que los juristas dan a los artículos constitucionales, específicamente, al artículo 111: se refiere a los delitos federales cometidos por funcionarios estatales y la declaración de procedencia.

 

CONTEXTO POLÍTICO

Nadie desconoce que hay un pleito encarnizado entre el PAN y el Presidente AMLO. Y nadie desconoce, tampoco, que Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha sido el principal protagonista en esa confrontación. Consecuencia, sin la menor duda, de que la ambición o el sueño del Gobernador tamaulipeco es abanderar a su partido en la próxima contienda presidencial. Así, los encuentros y desencuentros causan expectativas.

Ya se veía venir una embestida de esta naturaleza contra el Gobernador. Desde el año pasado, de manera esporádica, se fueron filtrando datos sobre sus presuntas irregularidades investigadas tanto por la Unidad de Inteligencia Financiera como por la Fiscalía General de la Nación. Una y otra vez, García Cabeza de Vaca se dijo inocente. Ahora, por lo que se ve, tendrá que comprobar que efectivamente es inocente.

 

EL PROBLEMA DEL FUERO

En este conflicto político (judicial, también electoral) tarde o temprano tendrá que haber un ganador. Al respecto hay dos posturas jurídicas, que nacen de la interpretación de la Constitución Federal en relación con el fuero. Una de ellas, digamos, la más socorrida, es la que apunta a que declarada la procedencia la Cámara de Diputados tiene que avisar al Congreso Local: “…la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.

Y la interpretación que se da es asumir que el Congreso local, al proceder como corresponda, tiene que aprobar quitar el fuero. Y si ese fuera el caso, luego entonces, la cuestión es muy simple: en Tamaulipas el gobernador tiene un Congreso dominado completamente por su partido. Y, a partir de esa interpretación, se asume que no pasa nada, puesto que el Congreso local lo protegería.

 

DOBLE FUERO

La otra interpretación asume que no hay doble fuero. Que la declaración de procedencia, que dictaría la Cámara de Diputados, es para que el Congreso local asuma la tarea de separarlo de su cargo y nombrar al suplente en tanto se desarrolla el proceso penal. Si la sentencia, dice el artículo, es absolutoria regresa a ocupar su cargo. Y si el delito fue cometido durante las funciones del mismo, agrega, no se concederá la gracia del indulto.

Otra percepción va con los propósitos de la 4T, con el gobierno de AMLO, que es quitar poder al enemigo, acrecentar el propio. De ahí, obvio, los tiempos de la petición de desafuero. Y es que muchos se preguntan al conocer el nombre de los involucrados en la investigación de la Fiscalía, que involucra a familiares y amigos, ¿Por qué no proceden en contra de aquellos que no tienen fuero? ¿Por qué no han bloqueado sus cuentas bancarias, tal y como ha sucedido con otros?

 

DECISIÓN POLITICA

Con esta percepción se llega, invariablemente, a una conclusión: interesa la cuestión política, lo electoral; y con todo el ruido que se haga, la difusión mediática, se antoja fácil para Morena el triunfo el seis de junio, base para la elección del próximo año. Morena, así como se ven los hechos, será dueño de Tamaulipas. Destruido el enemigo, no se necesita la justicia.