Rumores sobre expropiación de ranchos políticos

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Fernando Acuña Piñeiro.-

Recientemente se filtraron rumores relacionados con posibles repartos de tierras para campesinos. De acuerdo a estas versiones, se trata de extensas propiedades, pertenecientes a encumbrados personajes del poder político y que naturalmente tienen de las mejores extensiones para uso agrícola y ganadero, ubicadas en Aldama y Soto la Marina.

Habitantes se comentan que incluso, en días recientes se ha empezado a observar el ir y venir de camiones de mudanzas y tráileres, en una febril tarea por desalojar los ranchos propiedad de figuras prominentes.

Por otra parte, entre las comunidades ejidales existe mucha efervescencia, pues se habla de que el gobierno obradorista ya les prometió que algunas entregas de tierras que según decretos presidenciales siguen inconclusas, se las va a compensar con miles de hectáreas de los mejores agostaderos y que presumiblemente podrían ser objeto de expropiación.

Todo lo anterior no se ha confirmado y como puede ser verdad, también puede obedecer al mar de información y contrainformación que por estos días circula en nuestro estado.

El citado clima de especulaciones forma parte del escenario de crispación y enfrentamiento entre la 4T y la Marca Tam.

 

¿LA SECRETARIA DE SALUD, DEBE RENUNCIAR?

Los recientes eventos de carácter político donde se generó una gran concentración de personas, con alto riesgo de un contagio por covid, avalado por la secretaria de Salud, Gloria Molina, debería ser suficiente para que se generara su renuncia. Aun así, la han mantenido en el cargo.

Esto representa una burla y un desprecio por la salud del pueblo tamaulipeco. Pero además están pasando por encima de las leyes que regulan el servicio público estatal, que por lo demás son muy laxas y fueron elaboradas con un criterio patriarcal y centralista. O sea, todo lo que suene a premio o castigo, lo decide el Ejecutivo. La Contraloría es figura de ornato.

De acuerdo al capítulo I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Tamaulipas, en lo inherente a las responsabilidades administrativas, estas pueden ser desde apercibimiento privado o público; amonestación privada o pública; suspensión, destitución del puesto; sanción económica o bien inhabilitación temporal.

En el capítulo uno, donde se habla de qué tipo de servidores públicos incurren en responsabilidad administrativa, el inciso I, señala que se deberá de cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, o implique abuso o su ejercicio indebido.

El inciso II establece que se deberá de formular y ejecutar legalmente en su caso los planes, programas y presupuestos, correspondientes a su competencia y cumplir las leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos.

Pero en los hechos, todo este bagaje de orden legal, se ve supeditado a la omnipresente voluntad del poder político en turno. Eso fue lo que ocurrió el pasado domingo, durante el evento masivo del desafuero.

Una de las consecuencias más graves de esta situación, es que después del mitin organizado por la autoridad estatal y en la que algunos dicen sarcásticamente que participó la mismísima Coepris, la secretaria Gloria Molina perdió todo tipo de autoridad moral, para pedirle a la gente que cumpla con las reglas sanitarias correspondientes.

El domingo, el PAN-gobierno envió un discurso no hablado, un mensaje implícito, en el que emite su desprecio por la salud pública, y de todas y cada una de las familias del estado. El mensaje expresó de manera clara y contundente, que por encima del padecimiento social, están los intereses políticos del sexenio azul, amenazados por el posible desafuero.