Y háganle como quieran

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José Inés Figueroa Vitela.-

Se podrá alegar “faltas al debido proceso”.

Sí, la diputada KARLA MAR LOREDO, ayer que presentó la iniciativa para sacudir del amago federal al gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, dijo que lo hacía “en nombre de quienes conformamos la Junta de Coordinación Política”, pero ella no forma parte de ese cuerpo de dirección legislativa.

Bueno, realmente no hay un apartado jurídico que invalide alguna iniciativa a causa de la autoría equívoca.

Pero además, la reforma de marras se convirtió de idea, en propuesta, iniciativa y ley, en 35 minutos, sin que “los opositores” de casa pudieran hacer cosa alguna para postergarlo o evitarlo.

El panista ARTURO SOTO ALEMÁN, hasta se burló de los morenistas, diciéndoles que ellos debían ser los primeros en conocer esos preceptos, porque fue su líder, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien provocó las jurisprudencias “por las que un gobernador no puede ser desaforado por el Congreso del Estado”.

Del intento de AMLO por sacudirse el juicio político, que en su tiempo le enderezó el Gobierno federal priista, cuando era Jefe de Gobierno del Distrito Federal -en 1992-, la  Corte determinó que su cargo, no era similar al de los gobernadores, como él alegaba.

Eso, concluyeron ahora los diputados panistas tamaulipecos, validó que el gobernante capitalino no, pero los de los estados sí, estaban en el apartado de los funcionarios a los que el Congreso de la Unión no pueden quitarles el fuero.

Y con ese antecedente, ayer decidieron, pasadas tres décadas, emitir las reglas para la aplicación de tales “jurisprudencias”.

Leer la iniciativa, con sus 35 considerandos y siete puntos de acuerdo, le llevó 23 minutos a la legisladora panista sureña; otros siete minutos pasaron entre el reclamo, respuesta y réplica entre el diputado morenista Rigo Ramos y ARTURO SOTO del PAN.

En total, 35 minutos contando intervalos, votaciones y declaratorias, para presentar una iniciativa, declarar la dispensa de trámite, votarla y declararla en pleno vigor de aplicación, sin necesidad de publicarla en el Periódico Oficial del Estado, como es costumbre.

La oposición no se atrevió a debatir el contenido de la iniciativa ni sus alcances, porque simplemente ahí se estaban enterando de qué trataba, sin tiempo a buscar referencias; solo RIGO reclamó el procedimiento de hacer promociones importantes de última hora y sobre las rodillas.

Las reglas procedimentales expedidas en el Congreso tamaulipeco, establecen que el proceso de juicio político del Congreso federal no tiene valor jurisdiccional alguno y su función, es “meramente declarativa”.

Aunque no le notifique la federal a la Cámara estatal, resolvieron sus integrantes, ellos pueden darse por enterados de la intención en México y resolver sobre la procedencia de juicio político contra el gobernador, cualquiera de los diputados o magistrados del Poder Judicial del Estado.

Además se abrogaron la capacidad de poder declara la suspensión “de todo procedimiento ulterior”, para que la investigación de algún delito, en todo caso “continúe cuando concluya el ejercicio de sus cargos”.

La bancada del PAN y el PRI con sus 24 votos dieron vigencia a la reforma, sin el menor rubor por las controversias que luego puedan presentarse, como ya se han dado en el pasado a cambios legislativos que han celebrado por todo lo alto, sin atender a su procedencia.

La reivindicada coordinadora de la fracción morenista, EDNA RIVERA LÓPEZ, no pudo votar en contra de la iniciativa a la que misma le había dado la firma, ella sí, como integrante de la Junta de Coordinación Política, pero con algún rubor, se declaró “en abstención”.

“Sus coordinados”, los otros nueve diputados morenistas votaron en contra, igual que PATY PIMENTEL de MC, perdiendo la suma democrática.

GERARDO PEÑA FLORES, el Presidente del Congreso, ya no movió otro dedo y para pronto subió a tribuna, a presentar otra iniciativa que extienda garantías a la atención educativa integral, a los niños que padecen el espectro autista, como antes lo había hecho respecto de su salud.

La chunga en las redes sociales alcanza para enderezar el debate de que si eran seis cajas o una maleta en donde cabía y se entregó el expediente a la Cámara y el procesado, o que si trajeron -la maleta- en avión privado, rentado o prestado y a cambio de qué.

La agenda pública estatal del momento, está concentrada en las intenciones de la Fiscalía General de la República de conseguir el aval de los diputados para poder enjuiciar al Gobernador de Tamaulipas.

FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA a través de redes sociales aseguró que de los papeles en la maleta resultó que de lo que lo acusan es de la compraventa de un departamento de su propiedad y de su esposa, en el que asegura, no hay delito y lo demostrará en el procedimiento dispuesto.

Ya sabe, el depa es aquel de Santa Fe, en la CDMX, por el que denunció a los desarrolladores, en un largo litigio, reclamando su derecho a acceder a las áreas sociales del exclusivo club en que se inserta y sus campos de golf.

Su abogado, ALONSO AGUILAR ZINSER, en México capital declaró que el departamento lo compró en el 2012 “en obra negra” y luego lo equipó, para venderlo a finales del 2019 en 43 millones de pesos, pagando todos los impuestos.

Él -el gobernador-, no sabía que su vecino -en el mismo edificio de departamentos-, al que le vendió el suyo, era socio de una empresa en la que participaba, quien también tenía otra empresa, que le había prestado servicios al Gobierno del estado, dijo el abogado.

Dijo que todo se va a demostrar y expresó esperanzas de que el Congreso federal haya enviado todos los documentos, porque de los recibidos, ese es el único delito que se acusa al Gobernador y no tiene fundamento.

En los 13 legajos recibidos, igual se mencionan acusaciones de huachicoleo, relaciones con el narcotráfico, la “delincuencia organizada violenta”, vertidas por el senador suplente ROJAS DÍAZ DURÁN, pero no se aluden en la solicitud de juicio político, ni muestran más pruebas que dichos y recortes periodísticos.

Mucho más por ver y decir.

Y no, en la sesión de ayer no pidió licencia el diputado presidente del Congreso local, GERARDO PEÑA, seguramente acogido al permiso que la ley otorga a los diputados par ejercer funciones y andar en campaña, aunque en su caso, el manejo de recursos públicos le significa un riesgo.

Quien sí anunció su retiro de las funciones legislativas fue su permutante, MARIO RAMOS, que a la inversa de PEÑA, es diputado federal y candidato a diputado local, ambos, por el PAN, por supuesto.

¿Quién más se apunta?