¡Investiguen bien!

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José Inés Figueroa Vitela.-

Independientemente de que los diputados locales, ya le hayan quitado la injerencia al Congreso y las autoridades Ministeriales federales, para someter a juicio al Gobernador del Estado, los de México tienen que ser muy meticulosos en las investigaciones y hablar con verdad, para que tampoco queden como mentirosos.

Ya el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA y su abogado AGUILAR ZINSER, dijeron que no hay tales delitos de que se le acusa, porque todo se debió a la compraventa de un departamento en Santa Fe, Ciudad de México, muy legalito.

No será el departamento de Bosques de Santa Fe que compró en dos mil 13 por 14.3 millones de pesos, porque ese no se vendió en obra negra -como el que refiere el abogado-, ni hay “agregados” o revaluaciones que justifiquen la diferencia de 38 millones de pesos, a como se vendió el relacionado por la defensa. Ni con el ganado de los “depas” vecinos que hubiera acercado el alcalde.

Todavía el 15 de enero del 2020, un mes después de la venta declarada, entre actuaciones de los presuntos implicados, la SCJN radicó el amparo en revisión promovido por el Club de Golf Cañada de Santa Fe, empecinada en no darle acceso a los GARCÍA GÓMEZ a las instalaciones sociales adyacentes a la torre donde está el inmueble.

Siendo una cosa tan simple como el pago de un impuesto por la compraventa de un inmueble, no valía ni la compra de una maleta familiar para traer el expediente, mucho menos fletar una aeronave para hacer la notificación.

Tampoco habría necesidad de modificar la legislación local, extraordinariamente, de modo tal que los diputados locales puedan aun sin ser notificados por el Congreso federal del Proceso de Desafuero del Gobernador, desecharlo y declarar inexistentes todas las actuaciones que se hubiera hecho en su contra.

Solo le echaron a perder la aspiración a la coordinadora de la bancada morenista en la Cámara tamaulipeca, EDNA RIVERA LÓPEZ, de convertirse en candidata de su partido a la alcaldía de Tampico, como firmante de la iniciativa procabecista. Como no esté ocultando algo o mintiendo a alguien, el caso no da para más.

Lo menos que le queda a los de la Comisión Instructora de la Cámara Baja del Congreso de la Unión es revisar a fondo los expedientes y a los de la FGR investigar a fondo, más allá de las filtraciones.

Insisto, a como están las cosas en el aquí y ahora, no van a poder hacer efectivo el Juicio Político, y del proceso judicial, los muchachos y muchachas de GERARDO PEÑA también ya los mandaron a reanudar las actuaciones ministeriales hasta después de octubre de 2022, cuando termine el sexenio.

No hay tiempo para controversias constitucionales, así que el desenlace temporal puede quedar en que cada cual intente imponer sus fueros. Pensando que el asunto quede en su faceta mediática, como algunos esperan, y ello sea suficiente en las aspiraciones de los promotores, la primicia aquella sigue consolidándose en su vigen: ¡investiguen bien señores!

El plazo de 70 días hábiles que se ubica en las postrimerías de las campañas, vísperas de la elección, para la conclusión del proceso de desafuero en la Cámara federal, ahora se dice, puede ser tan prorrogable como se quiera.

Ello no cambia la historia, a menos de los tamaulipecos en verdad quieran que su gobernador sea enjuiciado por Morena y su Gobierno federal, votando mayoritariamente por los candidatos a diputados locales de este partido. Entonces, ni siquiera hará falta que le dejen caer el código penal federal en ristre a CABEZA DE VACA, porque solo con el Congreso local dominado por la oposición, pintarían de negro su último año de ejercicio.

Pero eso no va a pasar, porque los tamaulipecos no nos sabemos rajar y de motu propio, declaramos que Tamaulipas es del Gobernador, a juzgar por el discurso y las pancartas de los burócratas, diputados, alcaldes y funcionarios panistas, además de los candidatos priistas de origen, con sus contingentes, que fueron a manifestarse a la plaza el pasado domingo.

En las novedades sobre el caso que maneja la prensa chilanga, ahora resulta que no es por las valentonadas de CABEZA, la Alianza Federalista, la nueva mayoría legislativa, el combate a la corrupción o las relaciones peligrosas que se armó el procedimiento. La especie llega hasta la publicación del video en el que se exhibe al hermano del presidente, PÍO LÓPEZ OBRADOR, recibiendo fajos de billetes del entonces funcionario del Gobierno estatal chiapaneco, en tiempos de VELASCO gobernador.

La secuela es tanta como que MIGUEL ALONSO es dueño de LatinUs, donde CARLOS LORET dio la primicia del video y la esposa de aquel, fue secretaria de ARTURO ESCOBAR, en su tiempo, cara nacional del Partido Verde Ecologista.

El hermano de este último, ADRIÁN, era socio de DAVID LEÓN (quien aparece entregando los billetes y a quien en el inicio AMLO confiaría la compra de medicinas consolidadas) y BERNARDO PASQUEL, tamaulipeco, de Aldama, que ha hecho pingües negocios con la venta de medicinas a muchos gobiernos del pasado y actuales, incluido el de GARCÍA CABEZA DE VACA.

Son muchos los detalles, pero en línea recta esa fue la conclusión: que el Gobernador de Tamaulipas instruyó la filtración del video en aquella ocasión y a la inversa, ahora ese es motivo de que se le persiga.

En la política electoral, fue muy bien recibida la decisión del PRI tamaulipeco de instalar a la joven activista ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS, en la posición segunda de la lista plurinominal para la próxima legislatura que encabeza el dirigente, EDGARDO MELHEM.

Del Congreso local, pidieron licencia a su encargo legislativo los morenistas RIGOBERTO RAMOS y ROQUE HERNÁNDEZ, quienes van en busca de las respectivas nominaciones a las alcaldías de Reynosa y Victoria. El fronterizo, bien trabajado y posicionado; en el otros caso, lo menos que se dijo fue que “ya eran muchos… y parió la abuela”.

Del PAN, tras la licencia de MARIO RAMOS en la diputación federal, ya tomó protesta su suplente, el dirigente victorense panista, JUAN ALEJANDRO RIVERA TORRES. El fin de semana vence el término de 90 días previos a la elección para que los servidores públicos puedan contender por otro cargo de elección popular.