Turno de la Corte

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Rogelio Rodríguez Mendoza.-

¿Sí o no está desaforado el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca?

Esa es la pregunta que nos hacemos la mayoría de los tamaulipecos, y la realidad es que no hay, en estos momentos, una respuesta posible o válida.

No la hay, porque, como ya sabemos, a raíz de la declaración de procedencia decretada por la Cámara de Diputados, el pasado viernes, que le quitó la inmunidad procesal al mandatario tamaulipeco, inmediatamente el Congreso del Estado invalidó dicha resolución.

Para ello, la legislatura estatal aprobó una iniciativa de punto de acuerdo con tres resolutivos fundamentales.

1.- No procede la homologación de procedencia de desafuero en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

2.- No ha lugar a retirar la protección de la inmunidad procesal que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga al Gobernador.

3.- Se reconoce al ciudadano Francisco García Cabeza de Vaca, su calidad de gobernador, y por lo tanto debe seguir fungiendo para el periodo en que fue electo.

Los diputados locales fundamentaron su iniciativa principalmente en el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta a la legislatura local para que “proceda como corresponda”.

“La declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”, dice literalmente en su última parte el citado numeral

Con todo ello, se ha generado un conflicto político que ha sido causa de incertidumbre entre la sociedad tamaulipeca.

Por esa razón es que le digo que no hay respuesta posible. En todo caso, habría dos respuestas: una, la de los diputados federales que sostienen que el Gobernador perdió el fuero y que por lo tanto la legislatura local debe proceder a nombrar un gobernador interino; y otra, la de los legisladores locales que determinaron que Cabeza de Vaca sigue siendo Gobernador con fuero constitucional.

¿Qué sigue entonces? Entre los expertos en Derecho Constitucional no hay consenso sobre el desenlace que tendrá este conflicto, pero le voy a decir lo que, en lo personal pienso qué sucederá.

Me parece que la solución se dará cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine si admite o desecha la controversia constitucional presentada, el mismo viernes pasado por el Congreso de Tamaulipas.

Pueden darse dos escenarios: uno, que la Corte admita la Controversia Constitucional y ordene la suspensión provisional del acto reclamado hasta en tanto emite su sentencia; o dos, que deseche el recurso por improcedente.

Si se materializara la primera hipótesis, la suspensión del acto reclamado implicaría que se dejaran las cosas en el estado en que se encuentran (con Cabeza de Vaca gobernando), para que los ministros entren al estudio de la controversia.

Pero, si ocurriera que el máximo tribunal Constitucional desechara la Controversia, entonces el desafuero del Gobernador quedaría firme con las consecuencias que ello implicaría.

Por lo demás, he escuchado voces insistentes en el sentido de que las resoluciones del Pleno de la Cámara de Diputados son inatacables, y es cierto. Así lo señala el artículo 110 de la Ley Suprema del país.

Pero, hay un “pero”: lo que se está combatiendo con el medio de control constitucional a que recurrió el Congreso de Tamaulipas es el alcance de la declaración de procedencia emitida por la Cámara baja.

Dicho de otra forma: no es la legitimidad de la Cámara para emitir la declaración de procedencia sobre la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), lo que se está atacando, sino los efectos de la resolución.

¿Basta con la declaración de procedencia para que Cabeza de Vaca pierda el fuero, o la resolución solamente tiene efecto declarativo para que el Congreso del Estado resuelva en definitiva al respecto? Esa es la litis del asunto, y sobre el cual los legisladores tamaulipecos piden a la SCJN que se pronuncie.

Por eso le insisto en que, la suerte o destino de la gobernabilidad de Tamaulipas la terminará decidiendo la Corte. Ella tiene la última palabra.

 

EL RESTO

VA PARA ATRÁS

La reforma a la Ley de Telecomunicaciones que obliga a las personas a entregar sus datos biométricos para la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, será abrogada.

El argumento del gobierno de la “Cuarta T”, es que los legisladores que impulsaron la iniciativa lo “chamaquearon”. Que le aseguraron que no implicaría un costo para los ciudadanos y resulta que sí.

¿Y cómo vamos a permitir eso cuando el camarada presidente ha prometido que no habrá nuevos impuestos?

La realidad es que, echarán para atrás la reforma porque es totalmente violatoria de derechos humanos. Esa es la verdad. No hay otra.

Así andan las cosas.

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