¿Dolo o valemadrismo?

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Rogelio Rodríguez Mendoza.-

ENVALENTONADOS.- El dirigente estatal del PRI, Edgar Melhem Salinas, exigió ayer al Congreso del Estado, acatar la disposición del desafuero del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.

“Nuestra posición es que, si ya hay una determinación que se tomó por la Cámara de Diputados, seamos respetuosos de las instituciones de este país. Es una resolución inatacable que tendrá que cumplirse”, advirtió.

Y luego apuntó: “la gente no ve con gusto la confrontación que hay entre el Gobierno federal y estatal”.

Evidentemente, a Melhem le brotó de pronto un envalentonamiento que no había mostrado desde diciembre del 2019, cuando asumió como jefe máximo del partido. Es la primera vez que asume su papel de opositor.

De paso, se llevó al baile a sus tres diputados locales: Olga Garza, Florentino Sáenz Cobos y Copitzy Hernández García, al descalificar la postura que asumieron el viernes pasado, cuando votaron a favor de la iniciativa con que el Congreso local rechazó el desafuero del mandatario.

De acuerdo con su postura, los legisladores actuaron por decisión propia, sin consultarle al partido. ¿Será?

Extrañamente, en la Cámara de Diputados, el PRI fue el partido que más se opuso al desafuero de Cabeza de Vaca.

De hecho, a la hora en que la Sección Instructora emitió el dictamen respectivo, la diputada priista, Claudia Pastor, fue la única que votó en contra de aprobar el desafuero.

Ante ello, cabría preguntarle a Melhem: ¿consultó la línea de su postura con su dirigente nacional, Alejandro Moreno? No sea que mañana lo vayan a descalificar desde la Ciudad de México.

 

¿DOLO O VALEMADRISMO?- El conflicto de competencias e interpretaciones constitucionales que generó el dictamen de desafuero del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, fue provocado evidentemente por la Cámara federal de Diputados.

Es así porque la resolución de la Cámara baja fue bastante genérica y oscura, lo que no ha sucedido con otros casos de desafuero.

Solo como ejemplo, le cito la resolución que Cámara de Diputados emitió al desaforar, en junio del 2016, a la diputada por Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, conocida como la “Chapodiputada”, por la presunta relación sentimental que mantenía con “El Chapo” Guzmán.

Solo le citaré el tercer punto del resolutivo: “Conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y de acuerdo a lo establecido por el quinto párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del segundo párrafo del artículo 136 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la presente declaración de procedencia se remite al Congreso de dicho Estado, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda, esto es para el sólo efecto de que ponga a disposición del Ministerio Público federal a la denunciada, sin perjuicio de la facultad ya concedida en este dictamen a dicho órgano investigador, contenida en el resolutivo anterior”.

Extrañamente, en el caso Tamaulipas, la Cámara baja del Congreso de la Unión, no fue tan clara en su dictamen. Se limitó a ordenar la notificación al Congreso de Tamaulipas, para que en cumplimiento a lo que dice el quinto párrafo del 111 Constitucional, “proceda como corresponda”.

De ahí que surja una interrogante: ¿lo hicieron con dolo o simplemente fue valemadrismo?

 

NOTIFICADOS.- Este lunes, poco antes del mediodía, funcionarios de la Cámara de Diputados acudieron a la sede del Congreso del Estado, para hacer la notificación formal del dictamen que contiene la declaración de procedencia del desafuero del gobernador, Cabeza de Vaca.

Legalmente, comenzó a correr el plazo de 48 horas que impone el artículo 86 de la Constitución Política del Estado, para que la legislatura local designe a un gobernador interino, que concluya el periodo de ejercicio de Cabeza de Vaca.

A menos que haya contra orden de último minuto, no lo van a hacer.

No, porque la decisión de no acatar la resolución de la Cámara Federal se tomó desde el pasado viernes, cuando el Pleno tamaulipeco desechó la declaratoria de procedencia del desafuero y horas antes había interpuesto una controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en relación a las competencias de las legislaturas para quitarle la inmunidad procesal al mandatario.

Como le decía ayer, aquí mismo, será la SCJN quien resuelva el conflicto. De hecho, así lo admitió, este lunes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Seguramente el máximo tribunal constitucional del país, se dará prisa en emitir su sentencia por la urgencia del caso. Ante ello, puede decirse que la moneda está en el aire.

ASÍ ANDAN LAS COSAS.

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